Desde que me retiré de la actividad docente y de investigación en la universidad, mis trabajos (dos hasta la fecha, y espero que la cifra ya no aumente) han sido siempre como funcionario público. Si bien jamás me han dado un curso de ética de la función pública, creo que de ética sé un poco, tanto porque creo tener suficiente sentido común como por los cursos sobre el tema que tomé en la universidad.
Como yo lo interpreto, un funcionario público es un servidor. Nosotros existimos para realizar una labor que se debe traducir en un beneficio para la gente. El gobierno mismo de un país es un servicio público. Y como servidores públicos, los funcionarios debemos hacer nuestro trabajo sin que eso se vea afectado por ninguna afiliación política. Esto es, que nos debemos al pueblo (a todo el pueblo, no a las definiciones actuales de pueblo que se aplican ahora en Venezuela) y que nuestro trabajo es un servicio para el pueblo, y que eso no debe cambiar aunque cambie la afiliación política del gobierno en curso.
Así, un funcionario público debe hacer su trabajo en beneficio de la comunidad (ganándose así su muy bien merecida remuneración por ello, y me refiero al sueldo otorgado por el Estado) con independencia de si el presidente es adeco, copeyano, socialista, comunista, demócrata, dictatorial, civil o militar. Y el pueblo debe recibir su servicio con independencia de su afiliación política también.
Por todo lo anterior, me parece una inconveniencia grandísima que un funcionario público exprese su afiliación política en público. Yo sé que al decir esto me coloco en la minoría absoluta que debe estar formada por, tal vez dos o tres personas en todo el país. Pero es así como creo que deben ser las cosas. Un funcionario no debe mostrar su afiliación política en su puesto de trabajo, ni en ninguna palestra, ya sea ésta real o virtual (así incluyo tanto un podio físico como cualquier medio digital, entre los que se contarían este blog y mi cuenta de Facebook). Un funcionario público debe expresar su opinión política ejerciendo su derecho al voto. Y en conversaciones privadas entre familiares y amigos. En mi opinión, cualquier otra cosa es poco ético.
(Y no quiero leer aquí comentarios que me digan que esto no es así en la vida real. Ya sé que, al menos en Venezuela, esto no sucede así. Pero el hecho de que no sea una práctica común no lo hace menos correcto.)
Todo esto es un preludio para expresar algo que me molesta. No, no tiene que ver con los funcionarios públicos que, por su propia voluntad o bajo coacción, participan en campañas políticas. No, tampoco tiene que ver con mi propia afiliación política. Tiene que ver con la injusticia del prejuicio y tiene que ver con el pagar por los pecados de los demás.
Por no decir que apoyo al gobierno actual, pierdo la mitad de las oportunidades a las que legal y moralmente tendría derecho. Por no decir que estoy en contra del gobierno actual, pierdo la otra mitad. En resumidas cuentas, Venezuela (los venezolanos, en realidad) me castigan por comportarme con ética profesional.
Y no, no voy a ser menos ética para poder disfrutar de mis derechos humanos o constitucionales, porque mi alma y mi dignidad valen mucho más que eso. No voy a negar mis principios para poder optar a un cargo, ni lo voy a hacer para poder pertenecer a un colectivo social o cultural. Y tampoco me voy a ir de Venezuela, país en el cual no nací, pero en el que he vivido toda mi vida.
Como yo lo interpreto, un funcionario público es un servidor. Nosotros existimos para realizar una labor que se debe traducir en un beneficio para la gente. El gobierno mismo de un país es un servicio público. Y como servidores públicos, los funcionarios debemos hacer nuestro trabajo sin que eso se vea afectado por ninguna afiliación política. Esto es, que nos debemos al pueblo (a todo el pueblo, no a las definiciones actuales de pueblo que se aplican ahora en Venezuela) y que nuestro trabajo es un servicio para el pueblo, y que eso no debe cambiar aunque cambie la afiliación política del gobierno en curso.
Así, un funcionario público debe hacer su trabajo en beneficio de la comunidad (ganándose así su muy bien merecida remuneración por ello, y me refiero al sueldo otorgado por el Estado) con independencia de si el presidente es adeco, copeyano, socialista, comunista, demócrata, dictatorial, civil o militar. Y el pueblo debe recibir su servicio con independencia de su afiliación política también.
Por todo lo anterior, me parece una inconveniencia grandísima que un funcionario público exprese su afiliación política en público. Yo sé que al decir esto me coloco en la minoría absoluta que debe estar formada por, tal vez dos o tres personas en todo el país. Pero es así como creo que deben ser las cosas. Un funcionario no debe mostrar su afiliación política en su puesto de trabajo, ni en ninguna palestra, ya sea ésta real o virtual (así incluyo tanto un podio físico como cualquier medio digital, entre los que se contarían este blog y mi cuenta de Facebook). Un funcionario público debe expresar su opinión política ejerciendo su derecho al voto. Y en conversaciones privadas entre familiares y amigos. En mi opinión, cualquier otra cosa es poco ético.
(Y no quiero leer aquí comentarios que me digan que esto no es así en la vida real. Ya sé que, al menos en Venezuela, esto no sucede así. Pero el hecho de que no sea una práctica común no lo hace menos correcto.)
Todo esto es un preludio para expresar algo que me molesta. No, no tiene que ver con los funcionarios públicos que, por su propia voluntad o bajo coacción, participan en campañas políticas. No, tampoco tiene que ver con mi propia afiliación política. Tiene que ver con la injusticia del prejuicio y tiene que ver con el pagar por los pecados de los demás.
Por no decir que apoyo al gobierno actual, pierdo la mitad de las oportunidades a las que legal y moralmente tendría derecho. Por no decir que estoy en contra del gobierno actual, pierdo la otra mitad. En resumidas cuentas, Venezuela (los venezolanos, en realidad) me castigan por comportarme con ética profesional.
Y no, no voy a ser menos ética para poder disfrutar de mis derechos humanos o constitucionales, porque mi alma y mi dignidad valen mucho más que eso. No voy a negar mis principios para poder optar a un cargo, ni lo voy a hacer para poder pertenecer a un colectivo social o cultural. Y tampoco me voy a ir de Venezuela, país en el cual no nací, pero en el que he vivido toda mi vida.





